A modo de epílogo provisorio
Y por si no quedaba del todo claro quién es quién en esta historia, La Nación contribuye a poner blanco sobre negro. La jueza Hualde mandó nuevamente en marzo una cédula de desalojo, con fecha límite de 14 de abril.
Como era Viernes Santo, feriado, mandó después una rectificación y la fecha quedó el 19 de abril. Macri ya había vetado la expropiación después de la Navidad.
Con las cartas echadas y la cooperativa dispuesta a luchar por sus derechos como a lo largo de toda su historia, el diario La Nación publicó el martes 14 de marzo una virulenta editorial contra las empresas recuperadas por los trabajadores y, en especial, contra el hotel BAUEN. El propósito del diario es transparente: presionar para que el Congreso no rechace el veto y la jueza no dude en efectuar el desalojo. Esa presión se está convirtiendo en una metodología de la prensa adicta al gobierno y a los negocios fraudulentos. Jorge Lanata hizo algo similar cuando se había aprobado (por unanimidad) la expropiación de la fábrica Petinari en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, haciendo una entrevista sumamente amable a los ex propietarios (que deben $60 millones en salarios) que pedían que la gobernadora María Eugenia Vidal vetase la ley. La ley fue vetada y los trabajadores fueron desalojados por un megaoperativo policial de 600 efectivos el 3 de marzo. Hoy están acampando en el frente de la fábrica, que habían logrado reactivar como la cooperativa Acoplados del Oeste. Esa secuencia buscan para el BAUEN.
No es, lógicamente, la primera vez que el diario de los Mitre editorializa contra las empresas recuperadas. Son arranques de patrones indignados contra el atrevimiento de esta experiencia de autogestión que defiende los puestos de trabajo y la infraestructura productiva que se perderían irremediablemente (como es noticia todos los días desde hace un año y medio) si, justamente, los trabajadores no ocuparan sus lugares de trabajo para poder preservarlos de la voracidad de empresarios que destruyendo activos y llevan a las empresas a la quiebra adrede y fraudulentamente. Lo hacen porque saben que, en nombre de la legalidad, les duele la enorme legitimidad que tienen los trabajadores y trabajadoras que defienden su posibilidad de tener un empleo y un salario digno, formando empresas cooperativas que son más humanas y, cuando tienen las herramientas necesarias, más eficientes porque no buscan el máximo beneficio para su propietario sino el bienestar colectivo.