La jueza hizo, en esta parte del fallo, una interpretación doble. Tomó como válida y satisfactoria la “oferta” de la “ley Morando” que proponía que Mercoteles empleara a los trabajadores de la cooperativa, entre otras teóricas concesiones (como el reconocimiento de los gastos de refacción del edificio hecho por la cooperativa, hasta una suma evidentemente insuficiente de $150.000). En esa línea, hizo constar que Mercoteles S.A. realizó un formal ofrecimiento “…en orden a aportar a la solución del conflicto generado a resultas de la quiebra de la firma Solari S.A. con los ex-trabajadores de la misma y demás personal actualmente incorporado y nucleado bajo las órdenes de la Cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada…” destacando su “…voluntad empresaria de estructurar una salida positiva al mismo en base a las propuestas que se asumen como obligaciones…”.
En otras palabras, Mercoteles reafirmaba que estaba dispuesta a renovar la propuesta hecha ya en la “ley Morando” (reconociendo indirectamente, de paso, su autoría o por lo menos participación en la propia formulación de la ley). Pero, a eso, la jueza le agregaba que aceptar y hacer este tipo de negociaciones es uno de los objetivos de las empresas recuperadas, de acuerdo a la particular concepción que tomó para definir este complejo proceso social y económico.
Sintetizando y simplificando: la patronal ofrece una negociación y las empresas recuperadas se hacen para negociar con las patronales. Solo faltaba que desocuparan el hotel. Eso es, lógicamente, lo que sigue como conclusión del fallo: “Corresponde entonces, a la luz de lo expuesto y con el alcance que surge de la presente, disponer la restitución del inmueble sito en Av. Callao 346/60 donde funciona el Hotel Bauen, a su titular de dominio”. Claro, llegado a este punto, hay un problema: el hotel está en plena operatividad bajo la gestión de la cooperativa BAUEN. De no aceptar la oferta, la jueza debía ordenar el desalojo, y como quedaba claro en toda la argumentación que hemos desbrozado hasta acá, a sus ojos celestes la culpa del desalojo es, sin más, de los propios trabajadores, inflexibles para aceptar una oferta que no deberían rechazar.
Como para no abusar, y por los inconvenientes que podría causar a los pasajeros del hotel, la resolución fijaba un plazo de 30 días para “poder efectivizar con la mayor prolijidad y tranquilidad posible la restitución del inmueble”, que sería dado a publicidad por edictos que, faltaba más, debería pagar Mercoteles SA.
Ese plazo se cumplió el 20 de agosto del año 2007. Como sabemos casi diez años después, las cosas no salieron como querían la jueza Paula Hualde ni Mercoteles SA, que perdió el dinero de los avisos en los diarios La Nación y Clarín. Entre otras cosas, todo el fallo estaba basado en un falso supuesto: los trabajadores del BAUEN no hicieron una cooperativa ni ocuparon el hotel para negociar con Iurcovich. Como en todas las empresas recuperadas del país, lo hicieron para poder trabajar dignamente.