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BAUEN, día 84

Mientras los representantes de la cooperativa, sus abogados y varios legisladores y dirigentes políticos y sociales que los acompañaban subían a la audiencia, los manifestantes escuchaban a diversos oradores. Uno de ellos fue Omar Villablanca, dirigente de FASINPAT, Fábrica Sin Patrones, la ex Cerámicas Zanon, otro de los grandes ejemplos de empresas recuperadas en el país.

Venir a estos espacios, que no son nuestros espacios, los juzgados (…) produce indignación (…). En estos 10 años, no hemos visto y no hemos escuchado caminar estos juzgados a ningún empresario, ni a los Solari, ni a los Iurcovich, ni a los Zanon, ni a los de Aurora Grundig ni a los de Textiles… Ningún empresario caminó estos juzgados como nosotros.

Después de una larga reunión, Federico Tonarelli anunció el magro resultado de la misma:

Una audiencia extensa, una audiencia larga, una audiencia dura, pero si ha quedado claro, tanto para la jueza Hualde como para la vieja patronal, es que no estamos dispuestos a resignar la continuidad de la cooperativa, no estamos dispuestos a dejar la autogestión, y no vamos a abandonar las instalaciones del hotel sea cual sea el cuadro que realmente determine compañeros.

En la reunión no se había avanzado porque Hugo Iurcovich solo tenía para ofrecer la rendición de la cooperativa a cambio de una incierta promesa de trabajo, algo que con sus antecedentes, que los antiguos trabajadores conocían bien, era más que improbable y hasta indeseable para quienes habían experimentado la autogestión.

La jueza no se decidió a volver a llamar el desalojo en aquel momento, era consciente del gran apoyo con que contaba la cooperativa. La pregunta era (y es) quién se animaba a cometer semejante injusticia, como el desalojo de una cooperativa que daba trabajo a 160 personas, para beneficiar a un empresario de más que dudosa idoneidad, y enfrentar el costo de tomar esa decisión.

La presentación de la denuncia penal por el defensor general adjunto Roberto Gallardo contra el grupo Iurcovich por la estafa al BANADE y otras irregularidades presentes en este caso sacó, momentáneamente, a la jueza de ese embrollo. Gallardo solicitaba la nulidad de las acciones y, consiguientemente, del desalojo, pidiendo que se expidiera la justicia federal sobre el tema y que, mientras tanto, la justicia comercial se abstuviera de tomar decisiones.

Esa denuncia fue finalmente archivada, un año después, por el juez federal Casanello. Nuevamente la causa volvió a manos de Hualde, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los proyectos de expropiación se acumulaban en el Congreso, pero no lograban avanzar.

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