El texto
El proyecto unificado incorporó elementos de sus versiones anteriores y los combinó en un solo texto. Fuera de las formalidades de rigor, los puntos sustantivos del proyecto que al año siguiente el Senado convertiría en la Ley 27344 y el presidente Macri vetaría poco después son los siguientes:
Art. 1°) Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen (…).
Art. 2°) Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes muebles e inmateriales, incluidos marcas y patentes, que tengan relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el inmueble (…), con exclusión de aquellos que hubieran sido adquiridos (…) por la cooperativa (…).
Art. 3°) A los fines de la indemnización correspondiente (…) la valuación será determinada en base al estado general de los bienes expropiados (…) al 20 de marzo de 2003.
Es nodal el artículo que describe cómo se calculará la indemnización y el monto que finalmente correspondería pagar al Estado por la expropiación, porque tiene relación con la historia del negocio de los Iurcovich, hace justicia sobre la situación de origen y desmiente el mito, propagado por el macrismo y la patronal, de que expropiar el BAUEN “es mucha plata”.
Art. 4°) La suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será cancelada total o parcialmente, según la correspondiente tasación, con los créditos que el Estado Nacional posea contra el titular y/o los titulares de los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, afectados al régimen del derecho real de hipoteca, en virtud de los créditos contraídos oportunamente con el ex Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), así como con cualquier otra deuda exigible (…) contra los titulares de los bienes cualquiera sea su origen.
En otras palabras, la ley prevé pagar la indemnización obligatoria para ejecutar la expropiación con las deudas que los Iurcovich tienen con el Estado, principal pero no exclusivamente con el BANADE, una vez que se puedan determinar. Los supuestos $30 millones que se deberían pagar y que los medios favorables a la patronal esgrimieron, no están en el cuerpo de la ley.