La lucha se traslada a la Legislatura
El proyecto de expropiación que mencionaba Marcelo Ruarte fue presentado ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Diego Kravetz, legislador y a la vez abogado de la cooperativa, aunque desde su acceso al parlamento porteño la representación de la cooperativa la estaba llevando adelante, su hermana Florencia.
La herramienta de las leyes de expropiación se había usado ya ampliamente para lograr consolidar jurídicamente los procesos de recuperación de empresas y fábricas de muy diversos tipos por sus trabajadores. Los primeros casos se dieron en la Provincia de Buenos Aires y, a partir de 2002, en la Ciudad. Estos primeros ejemplos fueron la cooperativa Chilavert y la cooperativa Vieytes, una fábrica de insumos para heladerías, en octubre de ese año. No tardaron en llegar otras, hasta un número de trece que fueron finalmente agrupadas en la Ley 1529/2004, presentada justamente por Kravetz, que ya hacía un año que era diputado. Había entrado como legislador por una lista encabezada (para diputados nacionales) por Miguel Bonasso, y pronto se había sumado al bloque del Frente para la Victoria, de la mano del entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Las relaciones de Kravetz con el MNER, que había sido su trampolín a la diputación, pero del que buscaba despegarse ahora, empezaban a ponerse tensas. A pesar de eso, llegaron a acordar la presentación de ese proyecto, denominado de “expropiación definitiva”, para diferenciarlo de las anteriores leyes que eran de ocupación temporaria por el término de dos años.
El proyecto consistió en agrupar a todas las empresas recuperadas que estaban protegidas por estas leyes temporarias (a las más antiguas, como Chilavert, se le vencía el plazo) en una ley colectiva. Eso implicó también una negociación con la otra fracción en que se había dividido el movimiento, liderada por el abogado Luis Caro, cuyo proyecto abarcaba solo a cinco cooperativas que eran integrantes de su organización. La “ley Kravetz”, como el propio legislador pugnaba por llamar, incluyó finalmente al conjunto. La Ley 1529 preveía que el pago de la indemnización (obligatoria por precepto constitucional para todas las expropiaciones) fuera hecho por el GCBA, pero luego devuelto por la cooperativa beneficiaria, que tenía dos años de gracia y luego otros 20 para pagar el monto en cuotas, al final de los cuales pasaría a ser propietaria de los bienes. Pasado más de una década, la ley casi no se aplicó, y son contadas las expropiaciones que se pagaron. Pero las cooperativas lograron algún tipo de cobertura legal. Otros casos se fueron agregando a la ley posteriormente, y la prórroga que en dos ocasiones se votó en la cámara fue vetada por Macri como jefe de Gobierno, inaugurando una costumbre que culminaría en el veto presidencial del 26 de diciembre de 2016.