Capítulo 5
La toma
El Bauen comenzó su historia como empresa recuperada el 21 de marzo de 2003, un año y casi tres meses después de su cierre. Sus trabajadores habían quedado en la calle en medio de la crisis económica más importante de las últimas décadas de la Argentina, una crisis que también era social y política, cuya salida no parecía estar cerca.
El año 2002 había sido convulsionado: movilizaciones cotidianas, crecimiento exponencial de los movimientos piqueteros y las asambleas barriales, mientras los ahorristas estafados por el “corralito” aporreaban los bancos y el trueque se había convertido en un medio de intercambio para la subsistencia. El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio en el Puente Pueyrredón le había puesto plazo de salida al interinato de Eduardo Duhalde y, ya a principios del año 2003, se desarrollaba una confusa campaña electoral en que entre los primeros cinco candidatos apenas se sacaron algunos puntos de diferencia. Poco después, ante la renuncia de Carlos Menem a competir en el balotaje, Néstor Kirchner llegaría al gobierno con un grado de debilidad política pocas veces visto para un presidente recientemente electo, al asumir con solo el 22% de los votos.
Mientras tanto, se había desarrollado y adquirido visibilidad un nuevo movimiento, el de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Si bien tenía antecedentes en los primeros noventa, casos notorios como Zanon, IMPA; Chilavert o Brukman lo habían hecho visible para gran parte de la sociedad. Su defensa de los puestos de trabajo en las fábricas y empresas vaciadas y abandonadas por los empresarios le había dado notoriedad pero también, especialmente, legitimidad. En una sociedad en que el trabajo se había vuelto un valor escaso y buscado, luchar para seguir trabajando era valorado por una gran mayoría social, y los trabajadores que ocupaban las empresas quebradas lograban bastante éxito en presionar a funcionarios y legisladores. El resultado más notorio de esa capacidad de presión era la sanción de leyes de expropiación, como sucedió con Brukman, Chilavert y Ghelco, entre otras, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pocos meses antes de la toma del Bauen. Esto no significaba que la cuestión fuera de fácil resolución, más bien al contrario, pero algunos mecanismos y puertas se iban abriendo a partir de la movilización de los trabajadores organizados mayoritariamente en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
Una de las principales reivindicaciones de este movimiento, por aquel entonces, era la reforma de la ley de concursos y quiebras, que había sido modificada durante el gobierno de Carlos Menem siguiendo los dictados del FMI y convirtiéndola en un mero mecanismo de liquidación de empresas. La ley facilitaba el vaciamiento empresario (figura delictual que existía en la ley anterior y fue eliminada en dicha reforma) y priorizaba el remate de los bienes y el pago a acreedores antes que la preservación de los puestos de trabajo y la continuidad de la explotación económica. Se trataba de una legislación al servicio de la destrucción del aparato industrial y del empleo. Esta ley sería de gran importancia en el embrollo jurídico que habían provocado los Iurcovich en la quiebra del Bauen.